Terroristas pretenden hacerse del cuerpo del genocida Abimael Guzmán.

La mañana de ayer, la Fiscalía de la Nación informó que la muerte del mayor genocida de la historia del país, Abimael Guzmán, fue producto de “una neumonía” y detalló que el cuerpo sería entregado a su esposa, Elena Iparraguirre, quien cumple cadena perpetua. Asimismo, informó que Iris Yolanda Quiñonez presentó una “carta poder” emitida por Iparraguirre para ser ella quien reciba los restos del terrorista. ¿Pero quién es Quiñonez? Se trata de la terrorista identificada como ‘camarada Bertha’ y fue la gestora del asesinato del coronel PNP Manuel Tumba, según consta en los documentos de la CVR.

Cuando estaba a punto de cometer un segundo atentado, “fue capturada con armas de fuego y explosivos lista para enlutar a un efectivo más. Ahora lo que debemos tener son gestos como no propiciar la apología y prevenir esos delitos”, explicó el general Óscar Arriola de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Los senderistas, a través de su abogado Alfredo Crespo, vienen moviendo cielo y tierra para hacerse del cuerpo del cabecilla e interpusieron un hábeas corpus pidiendo que los restos sean entregados a su esposa para “proceder de acuerdo a sus creencias”. La Corte del Callao, sin embargo, declaró inadmisible esa solicitud. La decisión final quedará en manos del Ministerio Público.

ORDEN INTERNO

La exfiscal de la Nación y actual congresista de APP, Gladys Echaíz, explicó a Perú21 que “la Fiscalía debe tomar en cuenta el contexto político y social, y adoptar una posición que prevengan los efectos futuros. Para eso tenemos un marco constitucional que garantiza el orden interno del país, que es lo que pretendió alterar Abimael Guzmán y sus seguidores”.

“Los fiscales deben mesurar el efecto de sus decisiones sobre quién es la persona que recibiría el cuerpo y en razón de qué. ¿De ser un familiar? ¿De tener una identificación ideológica? ¿En razón de qué? Que se tome una decisión considerando el orden interno que quisieron subvertir mediante las armas”, remarcó.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, coincidió en que el Ministerio Publico “debe analizar la normatividad y tomar una decisión protegiendo el orden público”.

Desde el punto de vista legal, el abogado Carlos Caro aclaró que “quien reclama el cuerpo con el ‘poder’ de Iparraguirre tendría que tener poder notarial; ello implica que el juez que controla la ejecución autorice el acto notarial. Si en 36 horas no pasa ello, decide el Estado”.

Por su parte, el abogado César Nakazaki detalló que “no hay norma que permita al Gobierno disponer del cadáver después de la necropsia e investigaciones. Para ello, debe invocarse el estado de necesidad para no entregarlo y con un informe de la Dircote que demuestre que cualquier tipo de entierro generaría delitos; un decreto supremo o una resolución suprema basta”.

ALERTA GEIN

Exmiembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) como Ana Cecilia Garzón (‘Gaviota’) y Marco Miyashiro se mostraron a favor de la incineración del senderista para evitar que el lugar de entierro se convierta en un lugar de culto terrorista. “La situación es un tema de seguridad porque hay fanáticos y personas que han robado cadáveres para rendirles culto. Para evitar esas situaciones, es mejor que incineren y arrojen sus cenizas”, sostuvo Miyashiro.

A su turno, el legislador de APP Roberto Chiabra pidió no ser tan legalistas y que el Ejecutivo tome una decisión. “Acá se trata de un cabecilla que nos hizo mucho daño. Es una decisión que puede tomar el presidente, pero que no ha hecho nada. Él debe asumir una responsabilidad”, anotó. Pero lejos de tomar una decisión, el Gobierno de Pedro Castillo sacó cuerpo.

“No nos corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público”, señaló. Horas antes, el premier Guido Bellido había respaldado que la Fiscalía entregue el cadáver a la cónyuge.

LO QUE VIENE

De otro lado, y como ya lo había comentado José Luis Gil a Perú21, el resto de integrantes del GEIN también alertó al país sobre las próximas reuniones que podrían tener las huestes terroristas con la finalidad de elegir un nuevo comité central y al sucesor del genocida. Chiabra sostuvo que el Ministerio del Interior (Miniter) debe atender la alerta, pues allí funciona la Dircote.

“Quien maneja la Inteligencia es la DINI y ellos reciben información del Mininter, en específico de la Dircote. Lo grave es que necesitamos gente especializada y capacitada en inteligencia nacional”, agregó respecto de los recientes cambios en la DINI, que tiene a José Luis Fernández Latorre como su nuevo jefe y al general EP (r) Gustavo Bobbio Rosas, exconsejero de Antauro Humala, como jefe del Gabinete de Asesores.

“La inteligencia trabaja de manera permanente, no paran. Dentro de su trabajo de inteligencia está la de plantear todas las hipótesis que puede haber tras el fallecimiento del cabecilla terrorista, pero con esos nombramientos se está demostrando una debilidad institucional impresionante”, cuestionó el congresista.

Fuente: peru21.pe