Perú no tiene registro único de víctimas de trata de personas.

Pese a que el delito de trata de personas se ha extendido y agudizado a causa de la pandemia por el COVID-19, a la fecha el Perú aún no cuenta con un registro único de víctimas. Así lo advirtió Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, durante el “Foro Interamericano sobre la Lucha contra la Trata de Personas”, organizado por Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) en alianza con la Defensoría del Pueblo de Colombia.

En su participación en el foro, Valdés hizo énfasis en la inexistencia de un canal único que sistematice en cifras esta modalidad de explotación, pues las diversas instituciones del Estado que trabajan en este tema, como el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, manejan información diferente, lo que impacta en las formas de prevención, atención y sanción de este delito.

Asimismo, recordó el escaso presupuesto destinado por el Estado para atender la problemática. “El plan nacional contra la trata de personas que estuvo vigente hasta el año 2021 tuvo un presupuesto de apenas 20 centavos de sol para financiar la persecución, protección de víctimas y prevención del delito por persona al año”, precisó.

Valdés también recordó que solo 7 de cada 100 casos de trata de personas tiene sentencia condenatoria, por lo cual afirmó que es un delito que tiene alta impunidad, a lo que se suma la corrupción generalizada y la alta tolerancia ciudadana. No obstante, saludó que, pese a las adversidades, aspectos como la defensa pública y la atención en salud mental se estén implementando, y dijo que es necesario que se sigan fortaleciendo.

Sobre el foro

El ‘Foro Interamericano sobre la Lucha contra la Trata de Personas’ se desarrolla del 27 al 29 de abril en Colombia. Allí representantes de la sociedad civil e instituciones públicas de países de la región comparten sus experiencias para generar propuestas desde los diversos sectores que se sumen a la prevención, persecución y erradicación de esta conducta violatoria a los derechos humanos, que afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+.

El evento tiene la presencia de la relatora especial sobre la Trata de Personas de las Naciones Unidas, Siobhán Mullally y de Joel Hernández García, relator sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras autoridades destacadas.

También asisten instituciones estatales, incluyendo Fiscalías, Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Comisiones Nacionales de Derechos Humanos y Ministerios, así como de universidades y organizaciones de la sociedad civil de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Estados Unidos y Canadá.

Fuente: Inforegión.