Militar venezolano murió frente a un juez luego de ser torturado

El capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo fue torturado y falleció frente a un juez en junio de 2019, asegura un informe publicado ayer viernes por Amnistía Internacional (AI) que contradice la versión oficial del régimen de Nicolás Maduro.

El militar falleció el 28 de junio de 2019, cuando llevaba una semana bajo custodia del régimen, acusado de conspiración, si bien no se oficializó su detención hasta dos días antes de su muerte.

AI obtuvo 550 páginas del expediente penal contra dos militares acusados de participar en la muerte del capitán y “contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la Justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.

“Fue desaparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”, subrayó en un comunicado.

Según las nuevas evidencias que maneja AI, Acosta Arévalo “fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos” y falleció “en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación, sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte”.

Otros hallazgos apuntan a que los imputados por el caso, dos militares de bajo rango, no serían los responsables. “Las actas de investigación no vinculan la actuación de los condenados a la muerte de la víctima y, además, se les imputa un cargo que insinúa que la muerte fue causada accidentalmente, haciendo a un lado que la misma fue consecuencia de múltiples y serias lesiones que comprometieron sus pulmones al punto de provocar un edema cerebral severo”, señala AI.

El fiscal general, Tarek Saab y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguraron entonces que el militar se había desmayado en el juzgado, por lo que fue trasladado a un hospital, donde falleció luego de recibir atención médica.

Aunque hay poca información sobre el paradero de Acosta Arévalo mientras estuvo detenido, explica AI, uno de los imputados en el caso declaró que lo trasladaron a un “sótano”. Por tal motivo, AI exige que se realice una investigación civil independiente para evaluar la posibilidad de que el militar haya sido trasladado a un centro de detención clandestino.

“En las 550 páginas del expediente a las que Amnistía Internacional tuvo acceso no se menciona la palabra tortura ni una sola vez, a pesar de que constan múltiples documentos que refieren a las más de 50 lesiones corporales de la víctima y a su precario estado de salud al llegar ante el tribunal militar que le imputaría cargos”, dijo Guevara Rosas.

AI sostiene que numerosos casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y sometimiento de civiles a procesos penales ante la Justicia Militar son parte de una política sistemática o generalizada. En el informe de ayer viernes, la organización subraya que las nuevas evidencias “demuestran la mortífera política de represión del Gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la disidencia”.

AI agrega que ha recibido múltiples denuncias de la existencia de centros de detención clandestinos que pertenecen al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde estuvo recluido Acosta Arévalo.

España y las elecciones: no están las condiciones

El Gobierno español cree, “sin ninguna duda”, que no se dan por el momento las condiciones para que se puedan celebrar las elecciones legislativas convocadas en Venezuela el 6 de diciembre, a pesar de la decisión del líder opositor Henrique Capriles de presentarse. España considera que el paso de Capriles de romper con la estrategia del también líder opositor Juan Guaidó es “un elemento muy interesante”, que ha de ser analizado con detalle, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. No obstante, el Gobierno español mantiene su postura, en sintonía con la Unión Europea, de que las elecciones convocadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no deberían tener lugar en las actuales circunstancias.

Estados Unidos sanciona a funcionarios electorales

El gobierno de Estados Unidos sancionó ayer viernes a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, y a otros tres funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, acusándolos de interferencia para impedir que se celebren elecciones transparentes.

El Departamento del Tesoro dijo que incluyó en su lista negra a Alfonzo; al rector del CNE José Luis Gutiérrez Parra; al procurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, y al exgobernador David De Lima, por facilitar “los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”.

“Sus acciones son parte de un esquema de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas”, señaló el Tesoro en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que estas personas ayudaron a Maduro “a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas y nombrar un nuevo CNE títere (que) ha socavado la integridad de la Asamblea Nacional, la única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela”.

“Estas acciones demuestran los desesperados extremos a los que Maduro y sus compinches están dispuestos a llegar, y han llegado, en su camino trazado hacia la dictadura total”, dijo Pompeo.

Estados Unidos, que desconoce la reelección de Maduro en 2018 por considerarla un fraude, promueve la salida del mandatario y la instalación de un gobierno de transición que asegure nuevos comicios libres y justos.