Miembro del Comando Vacuna COVID-19 reveló que Perú aún no firma un contrato para adquirir vacunas

Raúl Delgado Sayán, integrante del Comando Vacuna COVID-19, reveló que, hasta el momento, el Perú no ha firmado un contrato con algún laboratorio para que le suministre las vacunas contra la enfermedad.

“El Gobierno, a través de la Cancillería y el Ministerio de Salud, y nosotros hemos colaborado en lo posible, porque somos un grupo privado, se han firmado memorándum de atención, pero todavía no logramos en concreto firmar un contrato con un laboratorio preciso para que podamos adquirir las vacunas”, indicó Delgado Sayán en Canal N.

Además, precisó que los funcionarios peruanos no han hecho un “adelanto” de dinero que garantice el abastecimiento de la vacuna al país cuando se cumplan todas las etapas de los ensayos clínicos. Consideró que en la fase 3 no hay riesgo de que el proyecto de vacuna fracase.

“Entiendo que hasta hoy eso no lo hemos hecho firme (la firma del contrato), hay en este momento alrededor de 5.760 millones de dosis, hasta hace una semana era así, ya comprometidas por otros países que ya han firmado, tenemos que hacer eso prontamente”, señaló.

Incluso, afirmó que el Perú sea elegido como parte de los ensayos clínicos de la potencial vacuna no garantiza un abastecimiento. “Es importante hacerlo (el contrato), porque si uno no paga y firma la orden de compra no puede exigir que le den las vacunas por más ensayos clínicos que haga con ellos (los laboratorios)”, manifestó.

“Yo no sé que se hayan firmado todavía con estos laboratorios, seguramente cartas de intención sí, pero una cosa firme no hemos sido informados que se haya hecho”, agregó.

-Versión-

El programa “2020” de Canal N señaló, en base a sus fuentes, que este lunes se iba a realizar una reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para analizar el tema del desembolso para la adquisición de las vacunas, pero que existe el problema de que, de acuerdo con las leyes peruanas, “no se puede pagar por bienes futuros” y que el funcionario firmante podría ser sometido a un proceso judicial, por lo que se le pediría al sector privado que asuma los 18 millones de dólares.

Fuente El Comercio