La destitución de Martín Vizcarra en Perú o lo más parecido a un golpe de Estado

Dos pedidos de “vacancia” en dos meses, con argumentos que no existen en la Constitución de Perú, basados en supuestos delitos de corrupción que no han sido probados -un presidente no puede ser juzgado en ejercicio de su cargo, según al artículo 117- denunciados por oscuros personajes anónimos candidatos a ser “colaboradores eficaces”, fotos maquilladas y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del ahora ex presidente Martín Vizcarra, datos que la Fiscalía no ha validado.

Más allá de cómo avancen las investigaciones ahora que Vizcarra no tiene inmunidad, todo suena demasiado turbio para creer en la legalidad de la destitución y en la esgrimida lucha por la transparencia de un Congreso plagado de parlamentarios investigados por el Poder Judicial (68 sobre 130) y en la de los partidos que la impulsaron, cuyos líderes están presos o estaban a punto de ir a dar con sus huesos a la cárcel.

Un Congreso, además, que por ser unicameral no tiene una Cámara que acusa y otra que juzga -como en Estados Unidos, como se vio en el juicio político a Donald Trump- y que se amparó en una figura, la “incapacidad moral”, que no ha sido avalada aún por la Corte Constitucional, que debe definir su validez o no para destituir a un presidente.

Un Congreso que no actúa sobre hechos probados, sino en función de los intereses de sus integrantes.

Todo este “golpe de Palacio” fue orquestado por una vieja clase política castigada por la sociedad en el referéndum de 2018 impulsado por Vizcarra y que apuntaba a una amplia reforma, que impedía, por ejemplo, que dirigentes procesados por corrupción pueden aspirar a cargos de elección popular y, por ende, a su inmunidad. Y, también, por el apoyo masivo a la disolución constitucional del Congreso en 2019, que dejó a muchas de esas figuras fuera del nuevo Parlamento.

En septiembre de 2019, amparado por la Constitución y un abrumador respaldo popular, Vizcarra disolvió el Congreso que desde 2016, dominado por el fujimorismo bajo las ordenes de la procesada Keiko Fujimori, había torpedeado al gobierno en su lucha contra la corrupción. De esas elecciones surgió un nuevo Parlamento, más opaco que aquel y con los mismos partidos con sed de revancha.

Después de haber sobrevivido a la primera moción de vacancia en septiembre pasado y sin bancada propia que lo defienda, la suerte de Vizcarra parecía echada: el Congreso esperaba la oportunidad para cobrarle viejas cuentas.

En septiembre pasado en el anterior pedido de vacancia, Martín Vizcarra y  el presidente del Congreso peruano, Manuel Merino. Foto Xinhua

En septiembre pasado en el anterior pedido de vacancia, Martín Vizcarra y el presidente del Congreso peruano, Manuel Merino. Foto Xinhua

A mediados de septiembre se filtraron unas declaraciones a la fiscalía de varios aspirantes a “colaborador eficaz” -delatores que ofrecen información a cambio de beneficios legales- en las que acusaban a Vizcarra de actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Según las acusaciones, habría recibido unos 650.000 dólares para otorgar dos obras públicas, el hospital regional y otra de riego. Como se dijo, las acusaciones, no fueron corroboradas ni aceptadas aún por la Fiscalía como válidas y provienen de tres testigos cuyos nombres no se conocen.

Pare terminar de explicar el cuadro, hay que repasar quiénes fueron los impulsores de la “vacancia”, el cuarto que se impulsa en un mismo período presidencial, desde 2016: dos con Pedro Pablo Kuczynski -quien renunció ante el segundo pedido en marzo de 2018- y dos con Vizcarra.

Uno de ellos fue Unión por el Perú (UPP), un partido ultranacionalista y populista, cuyo líder “espiritual” es Antauro Humala, ex militar y hermano del ex presidente Ollanta Humala entre 2011 y 2016, condenado a 19 años de prisión por una asonada golpista. Su amnistía para que pueda ser candidato a presidente en 2021, que ya parece estar en marcha, explican el afán moralista. La otra figura del partido es Edgar Alarcón, congresista y ex fiscal general, sobre quie pesan varias denuncias de corrupción y a quien sus pares han blindado hasta el cansancio.

Otro caso es el de Podemos Perú. La fiscalía ordenó la semana pasada el arresto de su fundador, José Luna Gálvez, acusado de haber corrompido a funcionarios para lograr la inscripción de su partido. Luna es dueño de la universidad Telesup, cerrada por incumplir los más mínimos estándares de calidad, lo que ha llevado su partido a intentar desde el Congreso desmontar la reforma educativa impulsada por Vizcarra.

Pero el más trágico, si se quiere, es el del derechista Acción Popular, fundado por el dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry. Partido, también, de otro demócrata, Valentín Paniagua, el presidente de la transición democrática tras la huida de Alberto Fujimori en el año 2000 y que condujo al país a la normalidad de noviembre de ese año hasta julio de 2001, cuando entregó el poder al ganador de las elecciones, Alejandro Toledo.

Un partido que se ha desangrado en luchas de poder y por el poder, que los votos populares le niegan. Un partido, también, del que forma parte Manuel Merino, el nuevo presidente, un cacique provincial que no goza de las simpatías populares de las que gozaron sus correligionarios. Es el mismo que en el anterior intento de vacancia repartía ministerios sin haber asumido y le pedía su apoyo a las Fuerzas Armadas para cuando llegara al Palacio de Pizarro. Entonces fracasó. Hoy ya lo tiene. En este contexto, no sería extraño que Merino avance sobre el Poder Judicial, para transformarse en el presidente de la impunidad.

Fuente: clarin.com/