Imarpe despedirá a ingeniero en represalia por revelar actos de corrupción

El ingeniero hidroacústico Miguel Flores Huamán, con 22 años de labores en el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), entregó información a las autoridades sobre el tráfico de información reservada relacionada con la dimensión de la biomasa de anchoveta, en beneficio de empresas que son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

En función de los datos de Imarpe, el Ministerio de la Producción determina la cuota de pesca de anchoveta. Miguel Flores alertó de que funcionarios de Imarpe inflaron la cifra de la biomasa de anchoveta para favorecer a la industria de la harina de pescado. En lugar de investigar y sancionar a los responsables, durante más de año y medio Imarpe ha hostilizado, amedrentado, acosado a Miguel Flores y le ha dicho que le dará de baja.

Lo sucedido con el ingeniero hidroacústico Miguel Flores Huamán es una muy mala noticia para todos los servidores públicos que informan de actos de corrupción en las instituciones públicas. En lugar de recibir el reconocimiento, son castigados por el mismo aparato estatal.

Poco antes de que Flores suministrara los audios que dejaban en evidencia el tráfico de información reservada entre servidores de Imarpe y empleados de las empresas de la SNP, la exministra de la Producción Rocío Barrios recibió información sobre irregularidades en la medición de la biomasa de anchoveta para la temporada 2020. Imarpe informó que existían 8 millones de toneladas de anchoveta, cuando en realidad la dimensión era de 4 millones. Pero sobre la base de la información falsa de Imarpe, la exministra Barrios autorizó la cuota de pesca de anchoveta de 2,8 millones de toneladas.

Al enterarse, la exministra inició una investigación interna y, luego de verificar los hechos, dispuso que la Procuraduría de Produce formulara una denuncia penal contra los presuntos responsables. En Imarpe, los implicados creyeron que Miguel Flores era el responsable de la filtración de la información. No sabían que más bien Flores proporcionó audios que confirmaban la información que había recibido la exministra Rocío Barrios.

Miguel Flores fue interrogado por el entonces director general de Investigaciones Hidroacústicas de Imarpe, Ramiro Castillo Valderrama, y por el coordinador del Área Funcional de Artes de Pesca, Pedro Romaní Matta. ‘’Exigían que aceptara que yo fui quien filtró la información a la exministra Rocío Barrios. Pero yo no había sido. Me amenazaron con un proceso disciplinario para sacarme de Imarpe si no aceptaba la responsabilidad. Pero yo no podía admitir algo que nunca hice. Sin embargo, después de este incidente decidió entregar los audios que demostraban el tráfico de información reservada de Imarpe con empleados de las empresas pesqueras’’, relató el ingeniero Miguel Flores a La República.

‘’Los audios prueban que existe tráfico de información reservada entre servidores de Imarpe y trabajadores de las empresas pesqueras sobre las discrepancias en relación con las cifras de biomasa de anchoveta. Información científica del crucero de evaluación de recursos pelágicos número 190911, además de las bitácoras generadas con datos de las ecosondas, la información de las calibraciones y los archivos en formato digital de los recorridos de las embarcaciones demostraban que había una discrepancia en las cifras sobre la biomasa de la anchoveta, información en la que se basan los informes de Imarpe’’, explicó el ingeniero Miguel Flores.

‘’A partir de los datos erróneos de Imarpe, Produce autorizó una cuota inflada de 2,8 millones de toneladas de anchoveta. Se supone que esta información era confidencial y que no debió haber salido de Imarpe y mucho menos haberse compartido con las empresas que son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería’’, anotó Flores.

Imarpe
Funcionarios de Imarpe inflaron datos sobre dimensión de la biomasa de anchoveta para favorecer a la SNP. Foto: difusión

El 22 de enero del 2020, después de disponer que la Procuraduría de Produce denunciara los hechos ante el Ministerio Público, la exministra Rocío Barrios consiguió la aprobación del Decreto de Urgencia N° 015 -2020 que declaró la reforma y reorganización de Imarpe. Entre otras medidas, los principales directivos serían designados mediante concurso público. La norma trajo como consecuencia la salida del director científico de Imarpe, Renato Guevara Carrasco.

Sin embargo, la destitución del expresidente Martín Vizcarra y la emergencia por la COVID-19 conspiraron para que todo quedara igual. Incluso, Renato Guevara, uno de los presuntos responsables de los hechos, retornó a Imarpe. Todo volvió al estado normal.

‘’En lugar de otorgarme medidas de protección como disponen las normas, Imarpe reactivó el proceso disciplinario en mi contra, justo con el retorno de Renato Guevara. Este funcionario es el responsable de los informes de recomendación sobre la cuota de pesca’’, relató el ingeniero hidroacústico Miguel Flores.

‘’Hasta octubre del 2020 hice trabajo remoto. Con el regreso de Renato Guevara no se me permitió efectuar más trabajo remoto. Me estaban hostilizando, sin duda. Entonces me dieron licencia forzada con goce de haber. Yo no lo quería. Era evidente que me estaban castigado’’, señaló.

Para el ingeniero hidroacústico Miguel Flores Huamán es una experiencia amarga haber revelado actuaciones corruptas en Imarpe. Pero es más amarga la conducta de las autoridades que deberían proteger a los servidores que exponen los actos ilícitos.

Reiteradas veces la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Producción comunicó a las autoridades de Imarpe sobre las medidas de protección para el ingeniero hidroacústico Miguel Flores Huamán. Como es obvio, los responsables de Imarpe se habían burlado de las normas y pretenden despedir a Flores.

El caso está en manos del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

En febrero de este año, le remitieron un cuestionario a Miguel Flores sobre el caso. Desde entonces, la Fiscalía no ha vuelto a comunicarse con el testigo de uno de los más grandes casos de presunta corrupción en el país.
LaRepublica