Hablan las médicas: Los obstáculos para interrumpir el embarazo forzado de niñas víctimas de violación

Por Nicol León

Patricia* recuerda que la niña de 9 años lloraba y no quería tocarse la barriga. Se encontraba de turno en un hospital de Lima, donde trabaja como ginecóloga desde 1996, cuando la menor llegó junto a sus familiares. Viajaron desde Huánuco después de que se enteraron que fue víctima de violación sexual y quedó embarazada.

Tras recibirla en el hospital, Patricia conocía los siguientes pasos que debía dar. Acudió a la Fiscalía y denunció el delito. Luego, informaría a los familiares sobre el derecho de la niña para acceder al aborto terapéutico. Pero no pudo hacerlo, pues la menor ya llevaba gestando 28 semanas y, en el Perú, esta práctica es legal solo hasta las 22.

La niña continuó con el embarazo a pesar de que los embarazos precoces aumentan hasta en 4 veces las probabilidades de morir. También causan malnutrición, partos prematuros y bebés con malformaciones congénitas.

Soportó los dolores hasta la semana 35, cuando los médicos pudieron practicarle una cesárea. Pero nada mejoró: el llanto y el malestar emocional continuaron.

La menor no quería ver al recién nacido. Patricia recomendó que lo den en adopción. Pero la familia se opuso. Ya habían decidido que la tía de la paciente iba a cuidarlo.

Días después, al hospital, llegaron congresistas y representantes del Ministerio de Salud para felicitar a la niña.

La ginecóloga cuenta que nunca entendió por qué todos festejaban la desgracia de la menor, quien retornó al mismo lugar donde la violó un hombre que nunca identificó.

Patricia y sus colegas suelen recordarla. Se preguntan si el Estado hizo algo para impedir que la niña vuelva a ser ultrajada.

Siempre es por violación

Años después de este caso, en el 2019, el Estado peruano siguió forzando a niñas menores de 14 a que sean madres, lo que causó 1303 nacimientos, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa). También se registraron 9 recién nacidos cuyas madres son niñas menores de 10 años. La cifra casi se triplicó al término de 2020, pues este grupo poblacional dio a luz a otros 24.

Para la Adjuntía de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, los embarazos de niñas menores de 14 años ocurren siempre por violaciones sexuales. En un informe que publicaron en julio de 2021, indican que así quedó regulado en el Código Penal luego de que el Tribunal Constitucional reconociera que solo las y los adolescentes mayores de 14 años son titulares del derecho a la libertad sexual.

Pese a esta realidad, en la que cada vez hay más niñas que son obligadas a ser madres tras sufrir violaciones sexuales, aún no se despenaliza el aborto de mujeres víctimas de este delito. Ellas están condenadas a ser madres, un hecho calificado como tortura por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el informe del Relator Especial publicado el 5 de enero de 2016.

Hablan las médicas

A Patricia, la guía de aplicación del aborto terapéutico, publicada en 2014, le sirve de apoyo para salvar a niñas embarazadas porque especifica que estas pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, si presentan síntomas de afectaciones a su salud mental. La depresión severa expresada mediante el llanto, el silencio y el miedo es el común denominador en todas las menores que atiende.

«Ellas vienen con mucho temor, vienen con una autoestima baja. Vienen muy, pero muy centradas en sí mismas, sin querer conversar mucho. Lo ideal es que se las pueda atender de forma integral. Gracias a Dios, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos y psiquiatras. De esta manera, la niña se abre un poco, comienza a hablar del embarazo y descubrimos que los embarazos son forzados por violación. (…) Descubrimos estas violaciones cuando las pacientes vienen al servicio para hospitalizarse por el embarazo que están llevando», explicó.

El diagnóstico de estos psiquiatras y psicólogos, que revelan afectaciones a la salud mental de las niñas, permite que la Junta Médica del hospital donde labora Patricia, acepte la petición de aplicación del aborto terapéutico.

Pero esto solo ocurre en este centro de salud porque ofrece un servicio especializado para niñas y adolescentes. En los hospitales ubicados en provincia, la situación es completamente distinta.

La ginecóloga Lucía* trabajó durante 15 años en un hospital ubicado en el centro de Satipo, en Junín, y nunca observó que se soliciten abortos terapéuticos, ni mucho menos que se apliquen. Durante esos años, vio cómo muchas niñas dejaban el centro de salud con bebés en sus brazos.

“Son niñas que obviamente no tienen la alegría que tiene una mujer adulta cuando tiene un bebé. Son niñas cohibidas emocionalmente. Asustadas, avergonzadas, porque se embarazaron, porque llevan un bebé con ellas al momento del alta y presumo que piensan en su cabecita cómo van a enfrentar esto ante la familia, ante su sociedad, ante su comunidad”, comentó.

Dijo que los médicos en provincias desconocen el protocolo o deciden no informarlo. Tampoco hay psiquiatras y son pocos los psicólogos que atienden. Además, deben lidiar con los mitos acerca del aborto terapéutico con los que cargan los familiares de las víctimas.

“Es muy diferente trabajar en provincia que en la capital. En las provincias, no se conoce sobre el aborto terapéutico porque el Ministerio de Salud no difunde la guía, no las socializa. Además, hay mucho estigma, los médicos creen que están practicando un aborto a un bebé sano y que a ellos los van a considerar como aborteros si lo hacen”, aclaró.