Funcionarios del comité que recomendó no firmar con AstraZeneca ya se habían vacunado con Sinopharm

Cada hora que pasa, el Vacunagate permite conocer más claramente que la vacunación de altos funcionarios del Estado no es solo un problema de unos cuantos que quisieron sacar provecho de su influencia en el gobierno de turno para inmunizarse junto a sus familias. El Vacunagate puede dar luces de por qué el Perú no pudo firmar, durante el 2020, contratos con laboratorios para adquirir las dosis que miles de médicos, enfermeras, policías y soldados necesitaban.

En junio de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra creó un comité multisectorial que se encargaría de realizar las acciones para el desarrollo productivo, adquisición, donación y distribución de la vacuna. Este estuvo presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Salud. Ambas instituciones designaron sus representantes.

La Cancillería designó al diplomático Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jarama reportaba directamente al Mario López Chávarri, ministro de Relaciones Exteriores. El Minsa designó, en agosto de 2020, a Carlos Castillo Solorzano como representante de la entonces ministra Pilar Mazzetti.

Esta comisión multisectorial también la integraron el Concytec, el Instituto Nacional de Salud (INS), Essalud y las universidades Cayetano Heredia y San Marcos.

En resumen, la comisión tenía que negociar con los laboratorios las compras de las vacunas para el Perú.

Fuentes que participaron en las negociaciones colocan a Carlos Castillo como el funcionario del Minsa que decidía qué vacuna se compraba o no. Además, las fuentes sostienen que Castillo se sentaba a negociar directamente con los laboratorios. Por otro lado, indican que Jarama era el negociador en la Cancillería.

Hace unas semanas, este diario le preguntó a Castillo sobre su papel en las negociaciones. El alto funcionario contestó que “la recomendación sobre las vacunas las da un equipo integrado por el comité de expertos de inmunizaciones”.

El gobierno de Martín Vizcarra venía negociando desde agosto la compra de las vacunas que el laboratorio AstraZeneca, en alianza con la Universidad de Oxford, comenzó a desarrollar. Sin embargo, pasaban los días y no había ningún anuncio ni siquiera de un acuerdo preliminar. Ese mismo mes, la Cayetano Heredia –quien lideraba los ensayos clínicos en el Perú de la vacuna china– solicitó al laboratorio Sinopharm un lote adicional de vacunas, pero esta vez solo de las activas porque ya tenían en su poder un primer lote (entre activas y placebo) para sus estudios en humanos.

Llegaron al país 3,200 dosis más. De esas, 1,800 se quedaron con el equipo de la Cayetano jefaturado por Germán Málaga, 200 fueron a la Universidad de San Marcos y 1,200 a la embajada de China en nuestro país. Por cierto, los chinos no han revelado hasta el momento a quiénes inocularon esas dosis.

Llegó setiembre y el festín de vacunaciones VIP. Los funcionarios del comité –que recomendaba las compras de las vacunas y que venían negociando con AstraZeneca– se apuntaron a recibir las dosis de Sinopharm. Es así que Carlos Castillo fue vacunado por primera vez el 12 de setiembre. La segunda fue el 3 de octubre. Esa misma fecha también fue inoculado el viceministro Luis Suarez Ognio.

Arturo Jarama, el negociador de parte de la Cancillería y el contacto con los laboratorios en el extranjero, se inmunizó el 3 de octubre. Pero, pese a su entusiasmo con las vacunas, su gestión no permitió suscribir ningún contrato.

El Comando Vacuna, grupo que apoyó al Estado a negociar con los laboratorios, nunca estuvo enterado de que tanto Castillo como Jarama se habían colocado las vacunas de Sinopharm mientras conversaban con AstraZeneca y Pfizer.

Perú21 se comunicó con Carlos Castillo, pero este dijo: “Comprendo su interés periodístico por conocer particularidades respecto a las vacunas provenientes del Laboratorio Sinopharm y que están generando la atención de los medios de comunicación. Decidí que antes de cualquier interacción con el periodismo en primer lugar me pondré a disposición del grupo investigador para atender sus preguntas o solicitudes de información”.

Ayer, durante la tarde, este diario intentó ponerse en contacto con Jarama, quien vacunó a casi toda su familia también. Pero no fue posible, no hubo respuesta a ninguna de nuestras llamadas.

El nuevo canciller Allan Wagner hizo llegar anoche un comunicado en que anunció que como primera medida ha optado por “solicitar la renuncia y proceder al retiro de sus cargos en Lima y en el exterior de todos aquellos funcionarios a los que se suministró indebidamente la vacuna contra el SARs CoV 19”. Entre ellos, Jarama, por supuesto.

Jarama y Castillo coordinaban directamente con Málaga las vacunas VIP. “Las decisiones partían desde Cancillería y Minsa, con los funcionarios de enlace”, dijo Málaga ayer en el Congreso.

El exprocurador anticorrupción Amado Enco sostuvo que los que tienen un rol en la negociación de la vacuna y que recibieron las dosis, no es una prebenda cualquiera, constituye un indicio de investigaciones de carácter penal por corrupción de una posible concertación y una colusión desleal.

“Habría indicios de cohecho pasivo; (Jarama y Castillo) cumplieron un rol fundamental en la compra y aceptan la vacuna. Estas dosis de vacuna podrían condicionar los deberes de sus obligaciones, si pensamos en la línea de tiempo en un contexto en el que descartan posibles proveedores, y estos funcionaron se vacunaron; entonces justifica el inicio de investigación penal”, sostuvo Enco.

El viernes 19 de febrero la Procuraduría Anticorrupción solicitó inicio de diligencias preliminares contra Germán Málaga, Orestes Cachay, Carlos Castillo, Jorge Jarama y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible.