Fiscalía irá por los cuatro años de prisión contra Vladimir Cerrón.

En total fueron S/2′880,088 los que, una vez instalado en su primera gestión (2011-2014) al frente del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Cerrón y sus funcionarios “desviaron” para otros propósitos que le darían mayor rédito político, pero que legalmente estaban destinados para el proyecto Reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro, que fue impulsado por el gobernador que le precedió.

Este es un caso que podría variar la situación legal del dueño de Perú Libre de forma importante. Al denunciarse este hecho, el Ministerio Público inició una investigación y, en febrero del 2019, la fiscal anticorrupción de Junín María Huamán Gazaniga presentó ante el Poder Judicial su acusación. Entre postergaciones y aplazamientos, el caso ingresó a juicio oral recién en agosto de este año.

Vladimir Cerrón y otros siete funcionarios, entre gerentes regionales y subgerentes, son acusados de malversación de fondos, al emplearse dicho dinero para otras nueve obras y programas sociales, contraviniendo la Ley de General de Sistema Nacional de Presupuesto y afectando el otro proyecto que seguía en curso.

“La disposición del presupuesto se efectuó, pese a que tenían pleno conocimiento que dicho proyecto (reforestación) no se encontraba definitivamente cerrado y, por tanto, sus recursos no eran de libre disponibilidad”, resaltó la fiscal María Huamán en su requerimiento.

Para el exgobernador y sus funcionarios de confianza se les solicitó en aquel entonces 35 meses de prisión —dos años y once meses—, su inhabilitación de la función pública y al pago de S/100 mil por reparación civil de forma solidaria.

Sin embargo, fuentes de Perú21 detallaron que la Fiscalía Anticorrupción de Junín insistirá en solicitar la máxima pena para ese delito (4 años) para dos de los implicados: Cerrón y su entonces gerente general, Henry López Cantorin.

Ambos tienen antecedentes penales, lo que debe ser considerado por el órgano judicial como un agravante. Fueron hallados culpables, en agosto del 2019, de negociación incompatible por el proyecto de saneamiento de La Oroya, lo que demostraría el mal manejo que hubo en la gestión de Cerrón.

El exconsejero regional Gines Barrios resaltó que durante todo el primer gobierno de Cerrón se tuvo la particularidad de “quitar el presupuesto a obras ya aprobadas y destinarlo para otros fines, como ocurrió también en el caso del Hospital de La Merced, que le quitaron el presupuesto para llevarlo a su programa Médicos de Familia”.

“El accionar de Cerrón siempre ha sido recurrente para priorizar proyectos básicamente a su consolidación política-partidaria; no es que ha llevado un presupuesto para una obra de mayor trascendencia, sino para satisfacer su proyecto político”, resaltó en diálogo con este diario.

A juicio de Barrios, se cuentan con fundados elementos para que se otorgue la pena máxima, así como que se dicte cárcel efectiva.

HABLA LA DEFENSA

El abogado de Cerrón, Luis Mayhua, dijo a Perú21 que el proyecto de reforestación del Valle del Mantaro no venía cumpliendo su finalidad y que ello estaría sustentado en informes técnicos.

Agregó que continuar con la obra pudo significar estar expuesto a otra denuncia penal pues se iba a malgastar ese dinero.

Resaltó que la participación de su patrocinado se limitó a emitir resoluciones formalizando lo que ya señalaban las áreas pertinentes. “No estamos rehuyendo, rehuir sería decir ‘yo no he suscrito, yo no sé nada’. Ha suscrito, pero para la suscripción había opiniones técnicas, legales, entonces existe un principio de confianza”, subrayó Mayhua.

El letrado alegó que la sentencia impuesta a su defendido no podría ser considerado como agravante. En su criterio, esto se aplicaría si Cerrón hubiera cometido otro delito después de su condena. El Poder Judicial tendrá la última palabra.

Fuente: peru21.pe