El TC evitó definir la incapacidad moral como causal de vacancia

El Tribunal Constitucional (TC), como lo ha señalado su presidenta Marianella Ledesma, perdió ayer la oportunidad histórica para que un futuro Congreso no aproveche la indefinición de la incapacidad moral permanente y empuje a su antojo una vacancia presidencial cuando el país le pida lo contrario.

Con los votos de cuatro magistrados, los mismos que se opusieron a reconocer el matrimonio civil entre el economista Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, el TC decidió que la demanda competencial interpuesta por el extinto gobierno de Martín Vizcarra sea declarada improcedente.

Ernesto Blume, Manuel Miranda, Augusto Ferrero y José Luis Sardón concluyeron en que existe sustracción de la materia. Es decir, no había motivo para pronunciarse debido a que ese recurso fue presentado en el primer intento de vacancia, en setiembre pasado, y como no procedió, el asunto quedó resuelto.

Blume defendió su postura alegando que “no es prudente” haber emitido otro tipo de fallo porque significaría “echar leña al fuego y hacer crecer esta situación que no contribuye a la pacificación”. Se refería a las multitudinarias marchas que se desplegaron con la asunción de Manuel Merino a la Presidencia de la República.

Consultado en RPP sobre por qué el TC no se pronunció respecto al pedido del gobierno, el magistrado acotó que el concepto de incapacidad moral permanente “no debe estar claro”. “Es una cláusula abierta ante diversas situaciones, la realidad supera esa previsión”, insistió.PUBLICIDAD

Su colega Ledesma, quien fue la ponente del caso, se opuso a esos argumentos. “Se ha perdido la posibilidad de dejar sellada esa interpretación de permanente incapacidad moral, nos quedaremos con la duda de si fue correcta o no la vacancia de Vizcarra”, manifestó en conferencia de prensa.

Ante la consulta de Perú21 respecto a si con su fallo el TC ignoró las masivas marchas y la indignación de los peruanos por la vacancia en medio de la pandemia, la titular del órgano constitucional consideró que los jueces debieron pronunciarse “en función a la realidad y la necesidad de una sociedad”. Aclaró que el tribunal no ha señalado si la destitución del exmandatario fue constitucional o no.

Punto de desencuentro

En diálogo con este diario, la directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, Úrsula Indacochea, lamentó el fallo en mayoría del TC.

“El tribunal encontró una salida formal que no es correcta (…) hay muchos casos en los que el TC no ha anulado un hecho con una sentencia, con la demanda competencial el principal objetivo era interpretar los alcances de la incapacidad moral permanente y esa oportunidad se hizo a un lado”, aseveró.

Indacochea sostuvo que los cuatro miembros del TC prefirieron “no pronunciarse manteniendo el status quo y dejar una causal sin limitaciones”.

Explicó que si se pretende hacer cambios al artículo 113 de la Constitución, que contempla la vacancia, el Congreso tendría que impulsarlo o, en todo caso, a través de un referéndum promovido por el Ejecutivo.

Por su parte, el constitucionalista Natale Amprimo señaló que el TC “hizo una interpretación correcta”. “Esa demanda era forzada porque buscaba generar un cuestionamiento inexistente, la vacancia es atribución del Legislativo, no del gobierno de turno”, dijo a este diario.

Sobre la incapacidad moral permanente, Amprimo apuntó que se debe mantener “como un concepto amplio” porque “está colocada para impedir que alguien no ejerza el cargo con dignidad”.

Más allá de las posturas, lo que el Tribunal Constitucional ha provocado es que desde distintas esferas crezca la propuesta para cambiar la Constitución. Para estas elecciones, la izquierda no será la única que promueva esa idea.

Tenga en cuenta

-Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos respaldaron la ponencia de la magistrada, quien proponía declarar procedente la demanda competencial.

-La ponencia planteaba elevar el número de votos para la vacancia de 87 a 104. Además, proponía que el Congreso conforme una comisión investigadora que elabore un informe previo.

Fuente: Peru21