Corte Suprema niega pedido de Fuerza Popular para ser excluida del caso Odebrecht

Los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia han negado un recurso de Fuerza Popular que intentaba ser excluido de la investigación en su contra por el caso Odebrecht.

El último viernes 13 de noviembre, durante la incertidumbre que vivió el país por el régimen ilegítimo de Manuel Merino, la Sala Penal Permanente evaluó en una audiencia reservada la casación que presentó el abogado Juan Alarcón Caycho en favor del partido fujimorista.

Sin embargo, los magistrados acordaron declarar nulo e inadmisible el recurso. Esta primera revisión de los aspectos formales del asunto serviría para analizar posteriormente el fondo de la solicitud. Sin embargo, la casación no pasó aquel primer filtro.

Reporte de la Corte Suprema: rechazo de la casación a favor de Fuerza Popular.
Reporte de la Corte Suprema: rechazo de la casación a favor de Fuerza Popular.

Según la defensa legal del partido, el juez Víctor Zúñiga Urday que dirige las incidencias del caso Keiko Fujimori y los aportes de Odebrecht, incurrió en una “falta de motivación” en la resolución que incorporó al partido fujimorista al caso como investigado por lavado de activos el 21 de noviembre de 2019.

Hipótesis del Ministerio Público

Fuerza Popular es investigado por haber sido “instrumentalizado” por Keiko para hacer funcionar en su interior una organización criminal en 2011, con ayuda de falsos aportantes y “blanquear” dinero ilícito recibido de Odebrecht. Esta es la hipótesis central del fiscal José Domingo Pérez contra el partido.

Al tratarse de una persona jurídica, la organización no afrontaría una pena de prisión ante una eventual condena. Sino más bien “consecuencias accesorias”.

Estas posibles sanciones que se imponen a las organizaciones u empresas están contenidas en el artículo 105 A del Código Penal y contemplan la disolución, la imposición de una multa (desde S/21 mil hasta S/1′260 000) o la suspensión temporal de sus actividades.

Actualmente, el partido fujimorista tiene un pedido de suspensión preventiva de actividades por dos años y medio. No obstante, el juez Víctor Zúñiga aún no programa esta audiencia pendiente desde julio pasado.