Contraloría remite al Congreso proyecto para sancionar infracciones administrativas graves durante emergencia sanitaria

La Contraloría General de la República presentó ante el Congreso un proyecto de ley que establece sanciones cuando se detecte que algún funcionario público haya cometido una infracción administrativa, con agravantes para hechos ocurridos durante un estado de emergencia nacional.

En un documento enviado al presidente del Legislativo, Manuel Merino, el contralor Nelson Shack indico que el año pasado, se envió una propuesta similar, la cal requiere que se realicen “algunas precisiones” debido a la coyuntura actual, con el estado de emergencia por el COVID-19. “Remitimos esta nueva propuesta legal para que pueda ser analizada y debatida en el Congreso de la República”, manifestó el titular del ente contralor.

La propuesta plantea modificar diversos artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República para incluir la obligación para que las entidades públicas implementen acciones concretas e inmediatas, luego de que se identifiquen las infracciones administrativas funcionales. El plazo para concretar estas medidas será de máximo 15 días.

Faltas que serán incluidas

El proyecto indica que la Contraloría General de la República podrá sancionar como resultado de las acciones de control posterior que detecten faltas administrativas.

En total, se tipifican 33 tipos de conductas infractoras, entre ellas: la autorización o ejecución de operaciones o gastos ilegales; autorizar, ejecutar o influir en una transferencia para un uso irregular o para beneficio propio; y el uso indebido de bienes o recursos públicos.

Algunas infracciones incluyen el hecho de que sean cometidas en situaciones de emergencia declaradas por ley, permitirá que se apliquen sanciones por faltas “muy graves”.

“Las infracciones se cometen de forma intencional o por no haber actuado con el cuidado que era necesario por diligencia debida, salvo que la infracción señale que se comete a título intencional o culposo”, se lee en el texto.

Contraloría podrá sancionar

Si la iniciativa propuesta es aprobada, esto permitirá que la Contraloría imponga como sanción la inhabilitación en el ejercicio de la función pública de entre 1 y 5 años en caso de infracciones muy graves. La sanción será no menor de 30 días ni mayor a 1 año para infracciones de menor gravedad.

Asimismo, si la sanción es mayor a los 6 meses, se incluirá la extinción del vínculo jurídico de cualquier naturaleza que existiese entre el funcionario infractor y una entidad pública.

Fuente: el comercio