Apurímac: grupo parapolicial apoyó desalojo en Las Bambas

Denuncian suplantación. Los trabajadores de la minera usaron uniforme policial durante la gresca con los comuneros. MMG Las Bambas dice que la PNP les proporcionó esa indumentaria. El general a cargo rechaza esa versión. El Gobierno recién iniciará el diálogo con Chumbivilcas el 7 de mayo. Mientras eso, el proyecto sigue paralizado.

Ayer, a través de un video en redes sociales, se pudo conocer que un grupo de civiles protestaba dentro del campamento minero de MMG Las Bambas, en Apurímac. Ellos denunciaron que fueron abandonados por la empresa.

Lo revelador de estos videos es que los civiles que denunciaban el abandono de la minera vestían indumentaria de la Policía. “Acá nos han engañado, nosotros estamos con temor, rodeados por la población, somos civiles, somos peruanos (…) estamos cercados, no podemos salir, nos han traído con engaños”, protesta uno.

A su alrededor, sus compañeros vestían chalecos de la Policía, como si se tratara de efectivos que usualmente lidian con protestas en regiones.

De acuerdo a fuentes policiales, estas personas fueron contratadas por MMG para cumplir la acción extrajudicial posesoria del último miércoles 27 de abril.

Como se recuerda, ese día, cientos de efectivos se enfrentaron con comuneros de Fuerabamba. Los desalojaron de los exteriores del campamento de MMG, en la zona de Takiruta, Cotabambas.

Desde el jueves 28, varios comuneros habían advertido la presencia de personas ajenas a las PNP participando del operativo. El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, había denunciado que la minera MMG Las Bambas contrató civiles, que no pertenecen a la Policía Nacional, para reprimir a los comuneros en Takiruta. “La empresa minera con sus matones nos ha traicionado, han contratado delincuentes y algunos policías nos han masacrado”, había manifestado.

Un suceso que refuerza esta acusación es la intervención que sufrió el periodista de este diario Raúl Cabrera, el miércoles, cuando registraba los enfrentamientos. Cabrera contó que fue interceptado por un grupo de supuestos policías, vestidos de negro.

“No eran agentes del orden, sino gente muy agresiva que me rodearon e intentaron quitarme mis pertenencias, acusándome de que estaba filmando y tomando fotografías a pesar de que les dije que era periodista”, recuerda Cabrera.

Esta declaración deja entrever que el reportero no fue detenido, en principio, por policías, sino por agentes parapoliciales.

Horas después, recapitula Cabrera, recién fue entregado a efectivos acreditados.

Este diario buscó la versión de MMG Las Bambas y esta fue su respuesta: “El personal de seguridad que defiende la propiedad de la minera ha sido objeto de violentos y continuados ataques por parte de invasores desalojados que intentan reingresar a los terrenos de la empresa. Las heridas y contusiones de un alto número de personas, así como la maquinaria pesada e instalaciones de la empresa destruidos”, contextualizó la empresa en un mensaje.

“Ante esta situación y con el objeto de salvaguardar la integridad y la vida del personal de seguridad, se les ha proporcionado equipos de seguridad personal, los cuales fueron entregados formalmente mediante un acta de entrega de la PNP, hecho que se encuentra bajo investigación. Las Bambas invoca a los miembros de la comunidad a cesar los ataques contra personas y bienes”, añadió la compañía minera.

Es decir, para MMG la Policía conocía de esta entrega de indumentarias.

Pero el general PNP de Apurímac, Roger Pérez, niega que su institución haya avalado esta maniobra.

Para el abogado penalista Jorge Andrés Zúñiga, que un grupo de civiles utilice uniforme policial en estas circunstancias es un ilícito. “Sin lugar a dudas, el uso es delito. Ostentación de distintivos o insignias que van orientadas a demostrar un cargo que no se tiene. Tendrían que denunciarlos como uso de distintivos que no ejercen. En realidad, hay varios partícipes: las personas, la empresa si es que ha entregado los uniformes y con la Policía habría que ver quién da los uniformes”, explicó a este diario.

El lunes 2 de mayo se cumplen dos semanas en que Las Bambas no opera. Si bien las fuerzas del orden han retomado el control del campamento minero, las salidas en Challhuahuacho están bloqueadas.

El Gobierno de Pedro Castillo recién establecerá una mesa de diálogo la próxima semana. “La Presidencia del Consejo de Ministros convoca a la comunidad de Fuerabamba y Huancuire, y a la empresa minera Las Bambas para llevar a cabo la mesa de diálogo el día sábado 7 de mayo del 2022 a las 11:00 horas, la cual puede desarrollarse en Lima o en Tambobamba, a elección de la comunidad”, tuiteó ayer la PCM.

Dependiendo de que la reunión llegue a buen puerto, Palacio convocará un Consejo de Ministros Descentralizado en Apurímac.

Con esto el Ejecutivo demuestra que no tiene premura en resolver este conflicto. La paralización de Las Bambas representa la pérdida de más de S/ 5 millones diarios. Hasta que llegue la fecha de la reunión convocada por la PCM, esta gresca continuará.

Descontento

Gremios protestan. “El Perú en este momento podría aprovechar la coyuntura del alza de los minerales”, lamentó el presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Palacios.

Educación afectada. Desde que iniciaron los enfrentamientos, no hay clases presenciales en Challhuahuacho. Van dos semanas de tensión en este distrito.

Fuente: larepublica.pe